Fidel Rodríguez Legendre, profesor de Sociología e Historia de Occidente, analiza el proceso de la convocatoria a la Asamblea Constituyente del 30 de julio en Venezuela

Artículo de opinión

Venezuela, crisis, actores políticos y la Asamblea Constituyente como desencadenante histórico

Después de más de 3 meses de protestas, con un saldo que supera los 113 muertos, más de 1.400 heridos, centenares de detenidos, además del agravamiento de la seguridad personal, la crisis alimentaria y la falta de medicamentos, se podría señalar que, independientemente de los resultados tanto de la Consulta Popular realizada el 16 de julio, como de la convocatoria a la Asamblea Constituyente del 30 de julio, es posible que a partir de agosto aparezca un escenario político totalmente distinto. A la luz de esta apreciación inicial, se evidencian una serie de rasgos que le dan una singularidad a este proceso, diferenciándolo de las protestas realizadas en años anteriores.

Entre estos rasgos destaca un alto nivel de complejidad observable en el surgimiento de nuevos actores políticos, fenómeno que se comprende cuando se hace una comparación con los inicios de la revolución chavista. En este sentido, cuando Chávez llega al poder, establece una serie de estrategias tendientes a la polarización de la ciudadanía, perdiéndose la visión de diversidad en el colectivo venezolano. Sin embargo, dicha polarización como forma de organización biopolítica y de control social, después de 18 años, comienza a implosionar dando lugar al surgimiento de un escenario inédito en el cual nacen múltiples espacios para el ejercicio de lo político. En este orden de ideas, el hecho más sustantivo se puede constatar en la aparición de un sector chavista opuesto a Nicolás Maduro y a la propuesta de la Asamblea Constituyente, y que comienza a manifestarse como un posible actor político, cuya representación más visible se ubica en la figura de la Fiscal Luisa Ortega, en algunos diputados disidentes, y en militares retirados.

Un segundo elemento estaría asociado a la pérdida de la unidad en el Estado, circunstancia constatable en que el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, y el Poder Ejecutivo siguen controlados por el chavismo mientras que el Poder Legislativo y la Fiscalía se oponen a los jerarcas de la revolución –aunque con sus especificidades-. Este hecho –sin antecedentes desde 1999-, marca un hito de consecuencias imprevisibles, con ramificaciones en el bloque del chavismo en el poder.

A los puntos anteriores se suma la Consulta Popular, impulsada por la oposición, y que podría ser considerada como una victoria política por tres razones: primeramente, porque abrió la posibilidad a un importante sector de la sociedad para expresar su posición política ante el cierre gubernamental de la alternativa electoral; en segundo lugar, porque reforzó la activación y la sensibilización de algunos factores vinculados a la Comunidad Internacional, y finalmente, por haber generado un elemento de presión entre los componentes del chavismo en el poder.

Por último, la convocatoria para la conformación de dicha Asamblea el próximo 30 de julio aparece como el eje principal del conflicto, y que dependiendo de su ejecutoria, resultados, e instalación (a principios de agosto), definiría el escenario político de manera categórica.

En cuanto al efecto generado desde su anuncio, cabe destacar que el surgimiento del chavismo disidente se deriva, precisamente, del desconocimiento por parte del gobierno de la Carta Magna del año 1999, circunstancia que se traduciría en una ruptura con el legado del comandante.

En este punto, buscando explicar esta estrategia que ha generado el rechazo tanto de la oposición como de sectores del chavismo, cabe tomar en cuenta las palabras del propio Nicolás Maduro quien concibe la Asamblea Constituyente como un desencadenante histórico para establecer un reequilibrio del panorama político, reconducir el régimen y entrar en sintonía con una concepción del imaginario chavista. Según dicho imaginario, el proceso revolucionario se habría desarrollado por una sucesión de desencadenantes históricos que tienen su inicio –según el militar retirado y chavista confeso Willian Izarra- cuando el 19 de abril de 1997, Chávez y sus seguidores anuncian su participación en las elecciones del año 1998. Está lógica habría tenido su continuidad entre julio 2001 y 2004, (tal como lo señala el politólogo venezolano John Magdaleno) cuando Chávez precipita la crisis, buscando el reequilibrio del régimen, y mantendría un hilo de continuidad con la convocatoria a la Constituyente de este próximo 30 de julio de 2017 por parte de Nicolás Maduro.

Como complemento, si el gobierno lograra imponer la Constituyente, la oposición venezolana podría ser neutralizada; esto le daría al régimen capacidad de maniobra para frenar los componentes asociados al chavismo disidente, y diluir las opciones para un proceso de transición política.

Sin embargo, la capacidad de maniobra se vería restringida por una variable que la Asamblea Constituyente no podría resolver: la crisis económica, el hambre, la falta de alimentos, medicamentos, la pobreza creciente, y el peso de un 80% de venezolanos que claman por un cambio.

Fidel Rodríguez Legendre, profesor de Sociología, e Historia de Occidente en la Universidad Francisco de Vitoria

 

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